Un enfoque pragmático para la bioética climática: una visión desde América Latina y el Caribe

Introducción

Desde sus orígenes, la bioética, de la mano de Fritz Jahr y Van Rensselaer Potter, se ha ocupado de reflexionar y dar respuesta a los desafíos éticos que surgen del potencial impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Aunque históricamente el debate sobre estos temas ha sido eclipsado por la discusión de problemas ético-clínicos y biomédicos a partir del principialismo de Beauchamp y Childress, la bioética ambiental ha tomado fuerza en las últimas décadas debido a la creciente evidencia del origen antropogénico del cambio climático (CC). Es un hecho que la sociedad a escala global, con el aumento del poder de las tecnologías para sobreexplotar los recursos naturales y una economía globalizada, ha producido -y sigue produciendo- cambios ecológicos sistémicos que amenazan con poner en riesgo tanto la vida humana como no humana en el planeta.

La literatura bioética sobre el CC se ha aproximado a este problema, comúnmente, a partir de teorías éticas y conceptos filosóficos de alto nivel de abstracción, tales como justicia intergeneracional, justicia climática, responsabilidad, interseccionalidad, así como enfoques feministas, decoloniales, entre otros. Esta misma tendencia se reitera en la literatura publicada en América Latina y el Caribe (v. gr. Arpini 2024, de Ortúzar y Rodríguez 2024; para una revisión, véase Márquez 2020). Existen, por ejemplo, propuestas que aplican el principio de justicia al problema del CC y concluyen que los países o comunidades que consumen más recursos tienen el deber de llevar a cabo acciones reparatorias o compensatorias hacia aquellas con mayor vulnerabilidad económica, social y ecológica (Moreno 2018; Trevizo 2020). Otros autores abogan por educar a la comunidad con renovados enfoques, conceptos y valores, pero sin proponer una estrategia concreta orientada a producir cambios efectivos (Sánchez de la Iglesia 2020; Torres y Ramírez 2023, 11-14).

Por lo general, propuestas de este tipo se enmarcan en una ética aplicada que sigue un modelo teórico de justificación normativa de tipo vertical, de arriba-hacia-abajo (topdown), que llamaremos enfoque abstracto o idealista. Si bien este enfoque tiene un valor indiscutible en la literatura académica en ética aplicada, su impacto suele limitarse a círculos filosóficos especializados, y tiene una escasa incidencia práctica, lo cual incluso puede llegar a ser visto con desdén por el público general debido a esta incapacidad de la academia para generar impacto en la sociedad. En este caso, incluimos propuestas que consideran necesario buscar nuevas maneras de conceptualizar la relación entre seres humanos y medio ambiente (Junges 2021; Villa Fontecha 2023; Osebor 2024), o bien llevar a cabo “una revisión crítica y renovación de los marcos teóricos de la bioética” (Arpini 2024).

En este artículo nos proponemos explorar un enfoque alternativo, que llamaremos pragmático, caracterizado por un menor espesor teórico y una mayor conexión con las realidades y necesidades locales. Desde el punto de vista teórico, podría conectarse con el pragmatismo ambiental de Norton, Katz y Weston, que se dirige a la solución de los problemas ambientales concretos y no a la discusión acerca de los fundamentos metafísicos de las obligaciones morales para enfrentar dichos problemas (Salazar-Ortiz 2020). Este enfoque pragmático incorpora una perspectiva de abajo-haciaarriba (bottom-up), identificando las necesidades locales, promoviendo la participación y el compromiso de la ciudadanía y las comunidades. En contraste con un enfoque abstracto, que busca motivar un debate académico o generar cambios apelando a teorías y conceptos de alto nivel, el enfoque pragmático responde a preocupaciones más inmediatas y concretas de las comunidades, tales como la autoconservación familiar o comunitaria, la degradación de los suelos y de los ecosistemas donde viven, la pérdida de biodiversidad en sus territorios, los riesgos para la salud individual y comunitaria, los riesgos de la migraciones climáticas forzadas de sus lugares de origen, la pérdida de puestos de trabajo y la destrucción de la economía local, etcétera. Asimismo, busca fomentar una acción colectiva, menos ambiciosa en términos teóricos, pero más realista y operativa, orientada hacia cambios graduales, pero pertinentes y consistentes.

Creemos que un enfoque pragmático de este tipo ha recibido menos atención, pese a que potencialmente puede ser más efectivo para lidiar con las consecuencias del CC. Desde luego, no se trata de una aproximación por completo nueva, pues cuenta con desarrollos relevantes que en algunos casos provienen de áreas distintas de la filosofía (v. gr. Castilla 2015). En el ámbito de la bioética ambiental, encontramos, por ejemplo, a Fuente-Carrasco et al. (2019) quienes analizan la gestión relacionada con el manejo del agua, en donde se plantea la participación de las comunidades como base del establecimiento de los acuerdos en regiones tradicionalmente indígenas de México. También podemos mencionar el trabajo de Salmi et al. (2023) en comunidades de Brasil, sobre la gestión de pago de servicios ambientales, que enfatiza la perspectiva local. Del mismo modo, podemos asociar con un enfoque pragmático la filosofía ambiental de campo y la ética biocultural de Rozzi, que combina consideraciones normativas de las tradiciones amerindias, el conocimiento científico y las prácticas interculturales en salud y ecología. Desde una crítica a los enfoques ambientales puramente idealistas o individualistas, propone marcos éticos contextuales, interculturales y orientados a la acción efectiva para enfrentar la crisis ecológica desde la realidad latinoamericana (Rozzi 2012; 2016; Rozzi y Tauro 2024).

Para defender este enfoque pragmático, antes conviene hacer algunas aclaraciones. Primero, al abogar por este enfoque, cuyo interés está en atender de manera más directa las demandas y necesidades locales, no estamos necesariamente proponiendo la elaboración de un pensamiento filosófico autóctono ni una “bioética latinoamericana” en sentido estricto (Álvarez-Díaz 2012). Más bien, nuestro objetivo es justificar acciones orientadas a enfrentar los efectos del CC que, partiendo de dichas necesidades y demandas, busquen la mayor coherencia posible con corrientes teóricas pertinentes al caso.

Segundo, nuestro enfoque pragmático tiene puntos en común con algunos modelos bioéticos que anteriormente hemos denominado abstractos. Por ejemplo, cuando de Ortúzar y Rodríguez, en su propuesta intersectorial y decolonial, sostienen que “el encuadre de los problemas [...] debe incluir los diferentes puntos de vista de las comunidades, haciendo participar a esos otros marginados y escuchando la diversidad de sus voces y saberes” (2024, 5-6), se sitúan en una línea afín a un enfoque pragmático. No obstante, las diferencias emergen en la medida en que éste último busca evitar que las narrativas y preocupaciones comunitarias sean interpretadas, y a veces reconstruidas, a partir de categorías propias del debate académico, en lugar de comprenderlas desde los sentidos efectivamente utilizados por las comunidades a las que se pretende otorgar un rol protagónico -una crítica similar podría plantearse al citado trabajo de Fuente-Carrasco et al. (2019)-.

Por último, cabe aclarar que, si bien el enfoque pragmático lo hemos asociado a una perspectiva de abajo-hacia-arriba en relación con la identificación de los problemas, con ello no estamos aludiendo, desde la perspectiva de la justificación, a un modelo inductivista. Nuestra propuesta se condice, más bien, con un modelo coherentista, que, en lugar de basar el fundamento en teorías abstractas, busca la justificación moral a través de la coherencia global entre distintos tipos de consideraciones normativas relevantes, que pueden llegar a abarcar tanto a la opinión pública como a disciplinas no filosóficas (DeGrazia 2024). Lo que distingue a nuestro enfoque pragmático de otras propuestas que también tienen elementos coherentistas, radica en privilegiar una orientación inicial de-abajo-hacia-arriba en la identificación de los problemas y las necesidades locales, así como en subrayar el carácter pragmático de sus resultados, entendidos como soluciones concretas orientadas a responder efectivamente a los problemas que motivaron el proceso deliberativo bajo un modelo coherentista.

La motivación por explorar este enfoque pragmático a los desafíos del CC surge de la participación de los autores (como mentores) en un programa educativo sobre bioética climática ofrecido a países de ALC, denominado Climate Bioethics Program (CBP), llevado a cabo en 2024, y que contó con la participación de académicos y universidades de Estados Unidos y de esta región. La principal lección de este programa fue la importancia de promover el desarrollo de comunidades resilientes a través de la educación; desarrollo de capacidades organizacionales; empoderamiento; y compromiso de la comunidad; con especial énfasis en la contribución de las herramientas normativas que aporta la bioética. En este contexto, creemos que el enfoque pragmático para una bioética climática que nos proponemos explorar nace de ideas que emergieron durante la deliberación colectiva junto con actores regionales de diversos orígenes, experiencias y grados de formación en bioética.

El Climate Bioethics Program

Ante las particularidades que enfrenta la región del Caribe debido al CC, han surgido diversas iniciativas orientadas a promover la generación de soluciones frente a la extrema vulnerabilidad que caracteriza a la zona. Para reflexionar sobre este contexto, se constituyó el Climate Bioethics Program enmarcado dentro de la Caribbean Research Ethics Education Initiative (CREEÍ) (Daly et al. 2025).¹

El CBP becó a nueve postulantes provenientes de distintos países de la región de ALC que se habían formado previamente en los programas de posgrados del CREEÍ. Con el apoyo de un mentor, cada becario tuvo que preparar un ensayo sobre el CC y el impacto en sus comunidades.² Durante el proceso de mentoría y capacitación, los becarios del programa manifestaron un claro interés por abordar los cambios necesarios para la adaptación al CC en sus propias comunidades locales, en particular cuando la adaptación se combina con el desarrollo de capacidades de resiliencia.

El proceso de mentoría y capacitación mostró, de forma temprana, una aproximación muy distinta a los enfoques abstractos o idealistas de la ética aplicada al CC mencionados anteriormente. De igual manera, el abordaje de los becarios se alejó de las estrategias políticas más generales que sólo buscan hacer una llamado a prevenir o mitigar el progreso del cambio climático. Nuestra hipótesis es que esta visión pragmática surge del hecho de que las comunidades ya están viviendo las consecuencias del CC en sus territorios y exigen acciones locales específicas y herramientas concretas para enfrentar estos nuevos escenarios.

Estas preocupaciones más concretas y las temáticas de interés para cada una de las comunidades de los becarios del CBP quedaron plasmadas en los ensayos que entregaron al final de la mentoría, los cuales pasaron por un proceso de revisión ciega externa y fueron publicados en inglés y español en el sitio web del The Hastings Center (s.f). A partir de esta experiencia, como mentores en el CBP, nos planteamos el propósito de extraer algunas reflexiones que surgieron del trabajo conjunto entre académicos, invitados y becarios, que a nuestro juicio reflejan un giro pragmático al que debería tender la política y la acción climática en nuestra región. Este enfoque se traduce en propuestas concretas de acciones de cambio que sintetizamos con cuatro características fundamentales. Este enfoque se distingue de estrategias tradicionales que hasta ahora han resultado infructuosas para revertir el CC, como los acuerdos internacionales que comentamos más abajo, y que son representativos del ya mencionado enfoque abstracto que busca el cambio de arriba-hacia-abajo. De cualquier manera, vemos el enfoque pragmático como un complemento más que como un reemplazo.

Contexto global: fracaso de intentos de mitigación y agenda hacia la resiliencia

La historia de los acuerdos internacionales para enfrentar el CC puede narrarse como una crónica de idealismos y buenas intenciones que, sin embargo, ha devenido en el fracaso de la sociedad contemporánea para enfrentarlo de manera colaborativa y efectiva. No ahondaremos en las causas de este fracaso, aunque coincidimos con Jamieson (2014) en señalar la dificultad que tenemos los seres humanos -y las instituciones que hemos creado- para comprender y actuar sobre fenómenos complejos, como el cambio climático, cuyos efectos directamente perceptibles no nos resultan próximos en tiempo y espacio, aunque muchos de ellos ya están afectando a las poblaciones más vulnerables y en desventaja.

Los esfuerzos iniciales de abordar sus consecuencias, como la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU 1988) y la Cumbre de la Tierra de Río (ONU 1992) se caracterizaron por una visión ambientalista amplia, con énfasis en el reconocimiento de las consecuencias del CC y su mitigación dentro de un marco internacional. Años más tarde, en esta misma línea, el Protocolo de Kioto (ONU 1998) estableció un modelo top-down de asignaciones de objetivos vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para las naciones industrializadas (Green et al., 2014). Sin embargo, no tuvo éxito: actores geopolíticos esenciales que representaban la mayor participación en las emisiones globales de GEI se excluyeron de la ratificación de este acuerdo y dichas emisiones han aumentado 57 % desde 1990 (PBL 2022).

Caracterizamos estos esfuerzos como modelos de gobernanza o acción climática de arriba hacia abajo, debido a que las decisiones y obligaciones establecidas en estos acuerdos se tomaron desde niveles centrales o globales -en este caso como acuerdos internacionales, por parte de diversos gobiernos nacionales- para luego imponerse o transferirse hacia los niveles inferiores como los gobiernos locales o las comunidades. El Protocolo de Kioto establecía compromisos vinculantes a los países desarrollados que no llegaron a aplicarse plenamente; en el Acuerdo de París, en cambio, se busca una cobertura universal y una participación extendida a través de las metas que se asumen y proponen por cada país. Los Estados seguirán siendo los centros del poder político, pero ahora deben articularse con actores no gubernamentales para acelerar la implementación de políticas públicas (Carlino 2016).

Si bien estos esfuerzos reflejan avances en el reconocimiento del problema global y en el compromiso internacional de diversos países por combatir los efectos del CC, su fracaso ha dejado en evidencia la necesidad de reconocer que hoy nos enfrentamos directamente a sus impactos. Por ello, se ha vuelto indispensable centrar los esfuerzos no sólo en la mitigación, sino también, y cada vez más, en la adaptación y la resiliencia (Jay y Marmot 2009; Rosen 2015).

Entendemos por adaptación “anticipar los efectos adversos del cambio climático y tomar las medidas adecuadas para prevenir o minimizar los daños que puedan causar, o aprovechar las oportunidades que puedan surgir” (EEA 2024). En los últimos años, hemos sido testigos de cómo en los acuerdos internacionales más relevantes en esta materia se ha vuelto una tendencia promover respuestas que incluyan la adaptación y la resiliencia. En este sentido, el Acuerdo de Copenhague (2009) (ONU 2010) subraya “la necesidad de establecer un programa integral de adaptación que incluya apoyo internacional”, mientras que el Acuerdo de París (2015) paso más allá al proclamar un “Objetivo Global de Adaptación”, destinado a “mejorar [la] capacidad de adaptación, fortaleciendo la resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático”.

El término resiliencia también ha ganado popularidad en los debates más recientes sobre el CC. Resiliencia proviene del latín resilio que significa volver atrás, y se refiere a la capacidad de recuperarse después de una perturbación. La idea es que las comunidades puedan dar respuesta al CC en el plano de las determinantes sociales y ambientales, de modo que puedan incidir en la mejora del estado de salud de la población y reducir las inequidades sociales (Gould y Rudolph 2014).

La resiliencia fue, de hecho, uno de los temas emergentes durante el CBP, en particular la importancia de que las comunidades locales puedan adquirir conocimientos y desarrollar acciones relevantes para la preparación y gestión ante el CC. Vemos esto como una forma de adaptación o “adaptación resiliente”, también llamada, en este contexto, “resiliencia climática” (Collins y Demorest 2022). Un aspecto clave de la adaptación resiliente es que las comunidades se fortalecen para conservar su función, identidad y estructura frente a perturbaciones climáticas. Llamamos a esto un enfoque de-abajo-hacia-arriba en el que las estrategias para combatir las consecuencias negativas del cambio climático se construyen desde los niveles locales o nacionales hacia el nivel internacional y las altas gobernanzas, en lugar de ser impuestas desde una autoridad central, como los enfoques de-arribahacia-abajo mencionados con anterioridad.

Como en cualquier contexto de política sanitaria, la decisión de adoptar medidas de adaptación resilientes al CC conlleva desafíos y disyuntivas éticas. Si bien es común considerar que tanto la mitigación como la adaptación son esenciales para las respuestas al CC, pueden, a su vez, competir por los recursos, por lo que el énfasis que se le da a cada una de ellas puede ser controvertido (Collins y Demorest 2022). Las medidas adaptativas resilientes son empresas ambiciosas que pueden implicar alterar las formas tradicionales de vida de las personas y requieren una intensa colaboración de la comunidad. Para que sean justas y beneficiosas, las decisiones deben considerar el contexto local y la participación de las partes interesadas en su diseño, en línea con el enfoque pragmático que planteamos en este artículo.

La necesidad de un enfoque pragmático en América Latina y el Caribe

Desde la Declaración de Río (ONU 1992) se ha puesto de relieve la participación ciudadana y el compromiso en acciones climáticas para una gobernanza efectiva, exigiendo a los Estados que aseguren el acceso a la información y a las oportunidades de participar en los procesos de toma de decisiones (Principio 10). Pese a los esfuerzos de los organismos internacionales en esta línea, la realidad de América Latina y el Caribe (ALC) muestra una tendencia de los gobiernos a centralizar la toma de decisiones y a imponer una cultura política jerárquica que a veces impide una plena colaboración entre distintos sectores del gobierno y de la sociedad (Solorio 2024). Esta realidad conduce a políticas climáticas centralizadas, de arriba-hacia-abajo, poco efectivas para articular los intereses comunitarios en sus múltiples escalas y contextos, y que da poco espacio a los procesos de participación con diferentes actores y comunidades (Sapiains et al. 2021). Aunque ésta no es una característica exclusiva de nuestra región, creemos que representa un ámbito clave en el que se debe intervenir para lograr avances en la adaptación y mitigación al CC, como veremos más adelante.

Pese a que con el concepto de gobernanza climática policéntrica se ha intentado superar estas limitaciones en nuestra región (Arriagada et al. 2018), aún quedan bastantes brechas en la aplicación de este concepto y en la definición de los mecanismos eficientes e inclusivos de implementación (Tobin et al. 2024). La gobernanza policéntrica es un concepto que enfatiza la participación de diversos actores y en diversos niveles para gestionar el CC, tales como gobiernos locales, nacionales, organizaciones internacionales, empresas, ONG y comunidades, quienes toman decisiones y actúan de manera coordinada, pero descentralizada, en vez de depender únicamente de acuerdos globales o de un solo organismo central (como la ONU) (Tobin et al. 2024).

El concepto de gobernanza climática policéntrica es congruente con el enfoque pragmático que hemos estado desarrollando y que está implícito en muchos de los ensayos desarrollados por los becarios del CBP. La gobernanza climática policéntrica, más realista y concreta para conducir la agenda de la gobernanza climática en nuestra región, se opone a lo que podemos llamar paternalismo climático, caracterizado por la imposición de políticas verticales y centralizadas. Cada una de las características de la gobernanza climática policéntrica -diversidad de actores, descentralización, colaboración, flexibilidad y resiliencia- (Arriagada et al. 2018), nos permite entender mejor el potencial de las propuestas que surgieron del CBP.

Cabe volver sobre el mencionado paternalismo climático, pues expresa una situación advertida por muchos de los becarios del programa y que motivó la discusión. Esto se refiere a que las acciones climáticas de los Estados en ALC tienden a ser poco inclusivas de los intereses de las comunidades, especialmente de las que provienen de zonas rurales que son más vulnerables al efecto del CC (McKie 2023, 450-63; Cavazos et al. 2024; Cook y Butz 2015; Tacoli 2009). El paternalismo climático deja poco espacio para un rol más proactivo de las comunidades y no es propicio para una adecuada sinergia y coordinación entre los actores locales y los gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, que permite la expresión de las necesidades comunitarias, incluyendo las voces de los más vulnerables y marginados (Cavazos et al. 2024).

Las políticas climáticas nacionales o gubernamentales de la región se caracterizan por la falta de reconocimiento de las vulnerabilidades locales y las necesidades de adaptación de cada comunidad y, por ende, por la falta de flexibilidad en las soluciones. En buena medida están enfocadas por lo que llamaríamos un paternalismo climático fuerte y un enfoque abstracto o idealista de la gobernanza climática, lo que se traduce en rigidez de las políticas y retrasos en su implementación, dejando poco espacio al desarrollo de capacidades locales de resiliencia frente al CC. Avanzar hacia una gobernanza climática policéntrica implica, desde luego, abandonar el paternalismo fuerte, aunque puede ser compatible con lo que podríamos llamar paternalismo débil, esto es que los gobiernos u organismos internacionales puedan influir con sus políticas en las decisiones que toman las personas y las comunidades en la participación pública climática, sin desplazarlas o sustituirlas del todo (Hügel y Davies 2020).³ Si bien la literatura reconoce el impacto positivo de la participación pública en la gobernanza climática (Cavazos et al. 2024), sigue primando en la práctica una estrategia más retórica que efectiva porque, en definitiva, la falta de planes de desarrollo pragmáticos que incentiven y aumenten la participación aun muestran la persistencia de amplias barreras institucionales y culturales (Hügel y Davies 2020).

Desde un enfoque más pragmático, queremos proponer, a la luz de los ensayos realizados en el CBP, algunas estrategias para incentivar la participación pública en la adaptación al CC, siguiendo la línea de un paternalismo climático débil. Para efectos de enmarcar estas estrategias, hay que tener en cuenta algunos acuerdos globales. Primero, las medidas establecidas en el Acuerdo de París (ONU 2015b) que apuntan a la mejora de la educación, formación, sensibilización, como una manera de fortalecer la participación ciudadana y así mejorar el impacto de las acciones. Segundo, las metas del Objetivo 13: Acción por el Clima, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU 2015a), que coinciden con la medida anterior al enfatizar las consultas públicas y diálogos abiertos como formas de participación ciudadana.

El enfoque pragmático en bioética climática

El CBP mostró lo fructífero que resulta la capacitación de actores sociales al brindar espacio para que sus voces sean escuchadas y apoyadas con herramientas y conceptos de la bioética. El enfoque pragmático que vemos emerger de este programa no es del todo nuevo, sino que se relaciona con respuestas previas y cuenta con algunos antecedentes en la literatura regional, como mencionamos en la introducción. Lo observado en el curso del CBP destaca el rol de las comunidades y la importancia de sintonizar con sus tradiciones, preocupaciones, intereses y motivaciones, con miras a hacer más factible implementar cambios. Si bien reconocemos que ALC tiene desafíos propios que pueden dificultar la implementación efectiva de una política pragmática (p. ej. la inestabilidad política, la pobreza, la dependencia económica, el populismo, la corrupción, etcétera), creemos que son parte del camino para la creación o consolidación de comunidades más resilientes.

El empoderamiento de la población, así como su intervención en el diseño e implementación de las políticas climáticas es indispensable para su sostenimiento, efectividad y permanencia, más allá de la política pública, la ideología o de los cambios de gobierno. Con ello se pueden orientar las políticas públicas bajo el marco del concepto ético-político de ciudadanía ecológica (Lecaros 2013), que enfatiza los deberes y responsabilidades de los ciudadanos más que los derechos, e implica un compromiso activo por el cuidado de la comunidad y el entorno, más allá de los límites jurisdiccionales al que se sujeta la ciudadanía liberal o republicana tradicional. Desde este enfoque de ciudadanía, la necesidad de un proceso de concertación y coordinación más intensa entre las autoridades y la sociedad en las acciones frente al CC debería orientar la agenda de implementación de la política climática. En la medida que resulta difícil concebir una agenda homogénea para el CC a nivel mundial o incluso a nivel nacional, resulta plausible proponer estrategias de enfoque pragmático que se conciben desde lo local.

A continuación, planteamos cuatro características de una agenda pragmática de este tipo, ilustrando cada una de ellas con ejemplos extraídos de las iniciativas elaboradas en el CBP.

1. Promoción de acciones desde las comunidades. El éxito de iniciativas de adaptación para el CC depende de cuán motivadas están las comunidades locales para participar en ellas. Iniciativas que se plantean desde un lenguaje abstracto, interpelante o lejano a las preocupaciones e intereses de las comunidades locales, están destinadas al fracaso. Así, iniciativas que surgen de abajo-hacia-arriba, que sintonizan con problemas o preocupaciones de las comunidades, resultan mucho más prometedoras, al tiempo que encuentran mano de obra calificada y motivada para llevarlas a cabo. El hecho de que estas iniciativas están relacionadas con las propias actividades y capacidades de las comunidades locales las hace también más sostenibles en el tiempo y aumenta la resiliencia de la comunidad frente al CC.

En el CBP encontramos varios ejemplos de este tipo de planteamiento: una becaria de profesión veterinaria propuso, bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud) de la OMS, un sistema centinela en animales de compañía que deja en evidencia los efectos del CC; esto al validar en lo epidemiológico el incremento de cáncer en la piel y otras enfermedades, tanto en los animales de compañía como en seres humanos (Peña 2024). El argumento ético apunta a justificar la obligación para con los animales de compañía mediante el concepto de dependencia creada, y a mejorar la optimización de los recursos económicos destinados al CC mediante beneficios compartidos entre animales y humanos. Otra becaria describió el mayor riesgo y vulnerabilidad en la práctica del deporte en las pequeñas islas de la cuenca del Caribe debido al CC, argumentando que, en este contexto, las organizaciones deportivas internacionales, como el Comité Olímpico Internacional, deberían ofrecer incentivos climáticos a las organizaciones deportivas de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe para que tomen medidas frente al CC con estrategias dirigidas a la educación, adaptación y resiliencia (Roopchand-Martin 2024). Desde la bioética, el incentivo climático propuesto se justifica por la contribución que hacen las organizaciones deportivas nacionales y locales al CC que, si bien supone un impacto mucho menor que otro tipo de organizaciones, tienen la misma responsabilidad moral de responder, aunque sea de forma local, a los retos del ámbito global.

2. Empoderamiento de las comunidades. Como se desprende del punto anterior, las mismas comunidades suelen tener el potencial de identificar y desarrollar iniciativas para lidiar con los desafíos que el CC representa para sus vidas. Estas iniciativas pueden consistir en acciones individuales o de grupos acotados. Sin embargo, para que estas acciones desplieguen todo su potencial, es importante que exista comunicación y organización interna, a modo de generar una masa crítica para que las iniciativas puedan madurar, consolidarse y tener un impacto significativo. Para alcanzar ese objetivo, las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de nivel intermedio (p.ej. ONG, municipios, universidades, etcétera) deben considerarse como actores clave para entregar recursos y herramientas a las comunidades, y así empoderarlas para el cambio.

Una becaria que trabaja en el área de demografía y desarrollo llevó a cabo una reflexión sobre cómo las comunidades rurales hondureñas, que enfrentan un entorno climático cambiante, se ven obligadas a repensar sus formas de vida tradicionales al enfrentar el dilema entre migrar o adaptarse (Zelaya 2024). En su reflexión aboga por fortalecer las capacidades locales para que la comunidad tenga la oportunidad real de optar por la segunda opción (permanecer en su comunidad apostando por la adaptación), para lo cual es necesario empoderar a las comunidades, fortaleciendo su tejido social e identidad. Otro caso lo vemos en el ensayo de una becaria que reflexiona sobre la catástrofe que vivieron habitantes de Acapulco, México, por el huracán Otis (Adame 2024). En su trabajo propone la necesidad de que las comunidades rurales asuman un rol más activo en la adaptación al CC, ejerciendo una agencia proactiva frente al Estado, mediante el deber de recabar información de su realidad local y comunicar oportunamente dicha información a los gobiernos locales y al Estado, junto con participar en el diseño de sus programas de adaptación con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo el desarrollo conjunto de capacidades organizacionales. El cumplimiento de estos deberes de adaptación por parte de las comunidades tiene por objetivo mejorar, de manera pragmática, las políticas climáticas.

3. Aprovechar las oportunidades para realizar cambios profundos. El CC afecta a los individuos en distintas esferas. Sus consecuencias son sistémicas, pues tienen impacto en los ámbitos laboral, social y sanitario, entre otros, y pueden alcanzar tal magnitud que obliguen a las comunidades a modificar sus formas tradicionales de vida. Esta situación, sin embargo, puede representar una oportunidad para cambios profundos que, de otra manera, hubiesen sido difícilmente justificables. Un ejemplo de esta perspectiva es el The Lancet Countdown on Health and Climate Change, proyecto que explora los impactos del cambio climático en la salud, con una mirada positiva y pragmática, tendiente a propiciar cambios en los sistemas de salud que permitan resolver problemas, incluso más allá de aquellos directamente vinculados al CC. En un informe dirigido a América Latina, The Lancet enfatiza, entre otros, la necesidad de políticas públicas que mejoren la resiliencia climática (Hartinger et al. 2024).

Un planteamiento similar a éste puede encontrarse en el trabajo de una becaria del CBP proveniente de las áreas de la ingeniería y la bioética, que indaga en las políticas con perspectiva de género que el gobierno de México ha implementado con relación a los desafíos del cambio climático (Mota Valtierra 2024). Su trabajo ilustra cómo muchas veces las políticas públicas de arriba-hacia-abajo pueden resultar insuficientes o incluso estériles si no están motivadas por los intereses de las comunidades locales. Asimismo, explora cómo la necesidad de adaptación al cambio climático puede representar una oportunidad para generar cambios en formas de vida que contribuyan a superar inequidades -como las de género-, que están arraigadas en las comunidades locales, lo que resulta en un trabajo multisectorial y transdisciplinar indispensable.

4. Fomentar una gobernanza adaptativa, horizontal y policéntrica. Un enfoque pragmático no puede desconocer la importancia que tienen las instituciones - especialmente las de gobierno- para el desarrollo exitoso de políticas públicas que permitan a las comunidades lidiar con los efectos del cambio climático. Si bien nuestro énfasis ha estado en promover iniciativas de abajo-hacia-arriba que eviten abstracciones o consignas que no conectan bien con las realidades locales, no queremos desconocer el imprescindible rol que tienen las instituciones de alto nivel en acompañar y llevar a buen término las iniciativas de las comunidades locales. A través de instancias inclusivas y participativas de gobernanza, que contribuyan a elaborar políticas públicas adecuadas y más equitativas para el contexto de cada comunidad o región, es posible maximizar el impacto de estas políticas y su sostenibilidad en el tiempo.

Un ejemplo de esta mirada fue la adoptada por una becaria proveniente de un país insular del Caribe al analizar la iniciativa “Hospital Inteligente”, apoyada por la Organización Panamericana de la Salud en la región (Rosmond 2024). En su trabajo describe las mejoras que se obtuvieron, a partir de esta iniciativa, en la capacidad de dar respuesta a futuros riesgos de desastres naturales, aumentando la resiliencia de las instalaciones, la reducción de impacto ecológico y la sostenibilidad en las operaciones. El fortalecimiento de estas capacidades en los hospitales tenía por objetivo potenciar estrategias de salud sostenibles, justas y equitativas para construir sistemas de salud resilientes que beneficien especialmente a las poblaciones vulnerables. Considera también que la vulnerabilidad en nuestra región no sólo depende de la pobreza y los bajos índices de salud, sino también de las condiciones en que se encuentra la infraestructura de salud para garantizar prestaciones continuas y disminuir la interrupción de servicios debido a grandes catástrofes.

Una perspectiva similar podemos encontrarla en el trabajo de otra becaria que propone, a partir de su conocimiento y experiencia en organismos genéticamente modificados, abrir la discusión sobre un programa nacional de cultivos de plantas modificadas genéticamente para enfrentar el CC y la seguridad alimentaria en Honduras, evaluando la compatibilidad con los cultivos tradicionales (Rodríguez 2024). Una propuesta de este tipo nos lleva a reflexionar sobre los desafíos a nivel de institucionalidad y de gobernanza que son necesarios para la implementación de un programa de esta naturaleza.

Todas las propuestas anteriores muestran enfoques derivados de la experiencia o del conocimiento profesional de los participantes en los que se asumen políticas abajohacia-arriba. Propuestas de este tipo muchas veces son ignoradas por las autoridades, pese a que tienen el potencial de resultar prácticas y viables. Cabe destacar también que estas propuestas surgen del conocimiento de la realidad en el terreno -muchas veces relacionado con la propia actividad laboral-, por lo que resultan naturalmente relevantes para sus autores y no impuestas desde afuera, lo que aumenta las posibilidades de que sus propuestas obtengan una buena recepción en sus comunidades.

Conclusión

La bioética está incidiendo cada vez más en la reflexión y respuestas a la crisis ecológica global, volviendo a conectar con las raíces de este término -bio-ética-, que busca resolver los problemas éticos relacionados con la vida en el planeta. El CC es una realidad incuestionable y ningún esfuerzo debe minimizarse. La región de ALC es una de las más vulnerables a sus efectos, y sus políticas y acciones climáticas no siempre responden a este desafío. ALC está lejos de implementar gobernanzas climáticas policéntricas que favorezcan la participación de diversos actores en distintos niveles -gobiernos locales, nacionales, organizaciones internacionales, empresas, ONG y comunidades- y eviten la toma de decisiones centralizadas y el escaso aprovechamiento de las capacidades locales.

Argumentamos en este trabajo que un enfoque pragmático en la ética del CC está en sintonía con una gobernanza climática policéntrica, que busca la participación de diversos actores y en diversos niveles para gestionar el CC. Este enfoque surge de la experiencia del trabajo de mentoría que llevamos a cabo dentro del CBP organizado por CREEÍ con The Hastings Center. A partir de esta experiencia, analizamos los resultados de los trabajos realizados por los becarios, distinguiendo cuatro aspectos característicos del enfoque o giro pragmático propuesto: promover acciones desde las comunidades; empoderar a las comunidades; aprovechar las oportunidades para realizar cambios profundos; y fomentar una gobernanza adaptativa, horizontal y policéntrica.

Concluimos, a partir de esta experiencia académica, que los objetivos de adaptación y resiliencia para enfrentar el CC al que abogan los organismos internacionales deben complementarse con un enfoque pragmático en la reflexión y acción frente al CC. Este enfoque promueve el empoderamiento de la población y la participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de las políticas climáticas, mediante una coordinación intencionada por los gobiernos locales y nacionales con los diversos actores de la sociedad civil. Si bien reconocemos que ALC tiene desafíos propios que pueden dificultar la implementación de una política pragmática de forma efectiva, creemos que esto es parte del camino para la creación o consolidación de comunidades más resilientes.